Calidad institucional y renta per cápita.-
Si no tenemos en mente una definición, al menos, todos intuimos a qué nos referimos cuando se habla de calidad institucional, es decir, del mejor o peor funcionamiento de las instituciones.
Hace más de un siglo, Adam Smith escribía: “Ni el comercio ni las manufacturas pueden florecer largo tiempo en un Estado que no goce de una administración arreglada a justicia” (La Riqueza de las Naciones, Libro V).
La calidad institucional se basa en tres pilares que están íntimamente relacionados:
1. La independencia de los poderes: No deben inferir unos poderes en otros. Especialmente, el ejecutivo no ha de tener influencia sobre el poder judicial. Esto asegura que no habrá un trato diferente en la aplicación de la justicia.
2. La transparencia: Una cosa es hablar de transparencia de las instituciones y otra es que la haya realmente. Sobre todo en asuntos económicos; los ciudadanos tienen que conocer en qué y cómo se gasta el dinero de los contribuyentes.
3. El índice de corrupción: El índice de Percepción de la Corrupción (IPC) se basa en estudios en distintas regiones y países, partiendo de datos empíricos y/o contrastados desde varias fuentes de información sobre hechos como casos de sobornos, tráfico de influencias, escándalos políticos, compra de información en medios de comunicación, malversación en la asignación de fondos públicos, etc.
Aunque no voy a entrar a fondo en esta cuestión, ya que no se trata de hacer en una entrada de este tipo un estudio en profundidad de esta relación entre calidad institucional y la renta de un país, sí haré referencia al hecho de que, acudiendo a diversas fuentes de reconocidos economistas, se concluye que el desarrollo económico de un país y la calidad de vida de sus habitantes está íntimamente ligado a la calidad del funcionamiento de sus instituciones. Intuitivamente, cualquiera podría suponerlo sin necesidad de estadísticas ni fórmulas. La renta per cápita como indicador del índice de bienestar social, se puede reflejar en un gráfico bastante representativo de esta interacción con la calidad de las instituciones.
Los datos nos dicen que España, entre 2010 y 2017, estaba entre los sesenta países del mundo con peor calidad institucional, y no creo que esto haya cambiado a mejor. No es que en otros países no haya corrupción, ni delitos fiscales, o casos de falta de independencia de los poderes públicos, sino que lo que se mide es la cantidad y la importancia de ellos, hasta tal punto nos movemos en esta dinámica de corruptela que la ciudadanía deja de escandalizarse y casi no da importancia a algunos tipos de delitos relacionados con esta falta de calidad institucional, quizá influidos por la manipulación de los medios.
Si no tenemos en mente una definición, al menos, todos intuimos a qué nos referimos cuando se habla de calidad institucional, es decir, del mejor o peor funcionamiento de las instituciones.
Hace más de un siglo, Adam Smith escribía: “Ni el comercio ni las manufacturas pueden florecer largo tiempo en un Estado que no goce de una administración arreglada a justicia” (La Riqueza de las Naciones, Libro V).
La calidad institucional se basa en tres pilares que están íntimamente relacionados:
1. La independencia de los poderes: No deben inferir unos poderes en otros. Especialmente, el ejecutivo no ha de tener influencia sobre el poder judicial. Esto asegura que no habrá un trato diferente en la aplicación de la justicia.
2. La transparencia: Una cosa es hablar de transparencia de las instituciones y otra es que la haya realmente. Sobre todo en asuntos económicos; los ciudadanos tienen que conocer en qué y cómo se gasta el dinero de los contribuyentes.
3. El índice de corrupción: El índice de Percepción de la Corrupción (IPC) se basa en estudios en distintas regiones y países, partiendo de datos empíricos y/o contrastados desde varias fuentes de información sobre hechos como casos de sobornos, tráfico de influencias, escándalos políticos, compra de información en medios de comunicación, malversación en la asignación de fondos públicos, etc.
Aunque no voy a entrar a fondo en esta cuestión, ya que no se trata de hacer en una entrada de este tipo un estudio en profundidad de esta relación entre calidad institucional y la renta de un país, sí haré referencia al hecho de que, acudiendo a diversas fuentes de reconocidos economistas, se concluye que el desarrollo económico de un país y la calidad de vida de sus habitantes está íntimamente ligado a la calidad del funcionamiento de sus instituciones. Intuitivamente, cualquiera podría suponerlo sin necesidad de estadísticas ni fórmulas. La renta per cápita como indicador del índice de bienestar social, se puede reflejar en un gráfico bastante representativo de esta interacción con la calidad de las instituciones.
Los datos nos dicen que España, entre 2010 y 2017, estaba entre los sesenta países del mundo con peor calidad institucional, y no creo que esto haya cambiado a mejor. No es que en otros países no haya corrupción, ni delitos fiscales, o casos de falta de independencia de los poderes públicos, sino que lo que se mide es la cantidad y la importancia de ellos, hasta tal punto nos movemos en esta dinámica de corruptela que la ciudadanía deja de escandalizarse y casi no da importancia a algunos tipos de delitos relacionados con esta falta de calidad institucional, quizá influidos por la manipulación de los medios.
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