miércoles, 2 de enero de 2019

La calidad institucional


Hace un tiempo, hice una entrada sobre la relación entre calidad institucional y desarrollo.
Es cierto que hay detractores de esta teoría sobre la relación entre bienestar social y corrupción dentro de las instituciones. Los detractores se basan en que hay países con economías emergentes en los que hay corrupción, falta de transparencia y poca eficacia de sus instituciones.
Evidentemente, la existencia de corrupción, en esos países, convive con el desarrollo, y esto tiene sentido. No es que la corrupción “ayude” al desarrollo -de hecho es un lastre- sino que se aprovecha del desarrollo como un virus se aprovecha del órgano que infecta. La corrupción y las mafias germinan y prosperan donde hay riqueza y poco control.
La renta o PIB per cápita de un país, puede ser creciente durante un periodo determinado a pesar de la corrupción pero, aun en estos casos, se dan varias circunstancias que muestran las deficiencias producidas por la mala calidad institucional:
1. Por una parte, la renta per cápita no es significativa de la calidad de vida de los ciudadanos, pues una simple división del Producto Interior Bruto entre el número de habitantes no tiene en cuenta el poder adquisitivo de una mayoría. Es obvio que la distribución de la riqueza no se puede hacer con una mera división. En los países donde hay mayor índice de corrupción, la riqueza está en unas cuantas manos.
Habrá que utilizar otros parámetros para medir el bienestar social, como el Índice de Desarrollo Humano (IDH), el Índice de Progreso Real (IPR), etc.
2. Por otro lado, la situación de los gobiernos y de las instituciones en sociedades con gran índice de corrupción suele ser bastante inestable, lo que da poca confianza a los inversores tanto internos como externos, y esto supone un freno para el desarrollo regional y estatal aunque estos países sigan evolucionando económicamente, pero lo harán a un ritmo mucho más lento que si hubiera una mayor calidad institucional.
3. El sufrimiento social debido a las injusticas que provoca la corrupción, deteriora el tejido social, el bienestar general y la comunicación entre los ciudadanos y las instituciones.

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